El Impuesto sobre los Ingresos Brutos, principal fuente de financiamiento para las provincias argentinas, sigue mostrando marcadas diferencias entre jurisdicciones y una tendencia que choca con el objetivo del Gobierno nacional de reducir la presión impositiva.
Según datos de Monitor de Competencia Fiscal, la alícuota promedio aplicada en 2025 sobre la totalidad de las actividades económicas es del 3,36%, con un rango que va desde el 2,48% hasta el 3,92%, este tributo provincial, de carácter regresivo y distorsivo, continúa afectando la rentabilidad de las empresas y castigando a los trabajadores que dependen de ellas.
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Particularmente, Buenos Aires se posiciona como una de las jurisdicciones con mayor presión fiscal, con una alícuota que llega al 3,78%, superando incluso el 3,74% acordado en el Consenso Fiscal.
Bajo la conducción del comunista de Axel Kicillof, el distrito más poblado del país ha optado por profundizar la carga sobre la economía privada con el objetivo de recaudar más fondos, no para destinarlos a educación o salud, sino para financiar estructuras burocráticas como los ministerios de la Mujer y programas de género, que el propio presidente Javier Milei ha calificado como parte del gasto “inútil” que mantiene a las provincias en un estado de “degeneración fiscal”.
En el extremo superior también se ubican Santa Cruz (3,92%) y La Pampa (3,87%), dos jurisdicciones que históricamente han dependido fuertemente de la coparticipación y de un esquema estatal sobredimensionado para sostener sus cuentas.
Estos impuestos no solo reducen el margen de maniobra de las pymesy grandes empresas, sino que también impactan directamente en el empleo, la inversión y el consumo. Al encarecer el costo de producir, desincentivan el crecimiento económico, ahuyentan nuevas inversiones y terminan aplastando el poder adquisitivo de los trabajadores que dependen de una economía privada asfixiada.
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Mientras provincias como Corrientes y Santiago del Estero han optado por una presión más moderada (2,63% y 2,48% respectivamente), Buenos Aires insiste en sostener un modelo recaudatorio que, lejos de impulsar el desarrollo, consolida un aparato estatal sobredimensionado e ineficiente.
En un contexto donde el Gobierno nacional busca eliminar los impuestos distorsivos y poner fin a décadas de saqueo fiscal, la decisión del burro de Kicillof representa un desafío directo a la política de saneamiento económico de Milei. Para los “trabajadores de bien” y las empresas que generan empleo real, las alícuotas altas no son otra cosa que un freno a cualquier posibilidad de progreso.