El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, finalmente precisó la nueva fórmula de aumentos permitida a siete de las principales prepagas, que por un reciente dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) deberán retrotraer sus cuotas a diciembre de 2023 y, por cinco meses, aplicar subas que no superen la inflación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.
Según detalló el Gobierno en un comunicado difundido este jueves, «para calcular el valor máximo de la cuota actual (dependiendo el caso podría ser de abril o de mayo), se deberá aplicar un ajuste, como máximo, del 93,3% para la cuota de abril (es decir la inflación acumulada entre los meses de noviembre a febrero). Mientras que para la cuota de mayo se deberá aplicar, como máximo, un ajuste del 114,6% (es decir, la inflación acumulada en los meses de noviembre a marzo)»
Yendo al detalle de ese cálculo (que ya había sido informado por Clarín), explican que el valor de cuota de referencia para los aumentos máximos «no podrán superar la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por (1 + la variación porcentual entre el ÍPC nivel general con cobertura nacional elaborado por el Indec vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023)».
Por ejemplo -ejemplifica el comunicado- «si la cuota es de abril, se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre por 1.933 (si se facturó después del 17 abril). Si la cuota es de mayo se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre por 2.146». En tanto, «en el caso de las facturas previas al 17 de abril, el descuento se verá aplicado en la próxima factura», suman.
Las entidades que deberán aplicar esta medida por cinco meses (a fines de abril, el Gobierno había dicho que serían seis meses) son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y Osde.
A ellas les toca especialmente el pasaje del comunicado en que el Gobierno insta a la población a denunciar «en caso de que las empresas se nieguen a limitar el ajuste correspondiente». Las vías de comunicación son el 0800-666-1518, la línea gratuita de la dirección de Defensa al Consumidor, o por mail a [email protected].
Al final del comunicado, además, subrayan que «si se comprueba el incumplimiento», se «aplicará una multa diaria equivalente al 0,1% de la facturación del grupo económico, de acuerdo a lo establecido en la Ley 27.442», de Defensa de la Competencia.
Cuáles son las otras prepagas que podrían tener que limitar sus cuotas
Aunque, según el Gobierno, la medida es significativa porque estas siete prepagas nuclean al 75% de los más de seis millones de afiliados a la medicina privada, una denuncia de legisladores de la Coalición Cívica, similar a la que impulsó los frenos a las siete mencionadas, podría movilizar otra resolución de la CNDC destinada a 13 compañías más: Medicus, ACA, Accord, Sancor, Hospital Italiano, Fundación Güemes, Prevención Salud, Mutual Federada, Mutual Jerárquicos, Medicina Esencial y Pasteur.
Quizás acusando recibo de la disconformidad que tienen los afiliados al otro 25% de afiliados, la Secretaría de Comercio remarcó en el reciente comunicado que «esta medida no discrimina entre usuarios individuales, corporativos y derivados».
La denuncia de los legisladores apuntó principalmente a la figura de la “cartelización”, es decir, la sospecha de que, una vez que el Gobierno desreguló el sector liberando los precios (a través del decreto 70/2023), hubo un acuerdo entre un puñado de prepagas con gran poder, para impedir la competencia mutua, regular los precios a su medida y, de algún modo, toda la actividad del sector.
Esa práctica, esbozó la CNDC en la resolución comunicada el 17 de abril, dio lugar a una seguidilla de aumentos desmedidos, si se los compara con el índice de precios que registra el Indec.
Las compañías se defienden de estas acusaciones aludiendo que por años tuvieron sus precios “pisados” o retenidos por distintas regulaciones oficiales, lo que derivó en un detrimento salarial de los profesionales de la salud y un consecuente éxodo de cientos de médicos. O sea, un achicamiento de la cartilla que reflejó la caída en la calidad de atención. Así, argumentan que precisaban la desregulación de las cuotas para «recomponerse».
Osde es una de las prepagas alcanzadas por la fórmula del Gobierno para subir la cuota. Foto Guillermo Rodriguez AdamiAl margen del justo reclamo de afiliados complicados (o imposibilitados) para afrontar las cuotas, a través de numerosos amparos judiciales interpuestos en estos meses, desde el punto de vista de las entidades, el “volantazo” que ahora pega el Gobierno es incomprensible (en términos de los «mandamientos» libertarios): un freno del Ejecutivo al sector privado, lo que recuerda las viejas prácticas de control de precios.
Por mencionar un caso reciente ligado a este tema, basta recordar que en enero de 2023, el Gobierno de Alberto Fernández restringió las subas de las cuotas de las prepagas al tope del 90% del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) del mes anterior. El anuncio de Caputo no parece muy distinto, en lo formal.
Pero, a la queja de las prepagas, el Gobierno también responde. Como explicaban hace diez días en un comunicado, la desregulación del sistema de salud se hizo entre otras cosas con el fin de «impulsar la libre competencia y mayor transparencia entre los actores, para así lograr un sistema más equitativo, solidario y eficiente». Transmiten que impulsan la competencia libre, siempre que sea justa.
Las prepagas que anunciaron rebajas en las cuotas
Cuando el 17 abril se difundió el dictamen de la Secretaría de Comercio, quedó claro que el recálculo de las cuotas debía aplicarse hasta mediados de septiembre, es decir, durante cinco meses “a partir del dictado de la presente medida”. Sin contar que ya se interpusieron recursos judiciales en contra de esa decisión, se puede avizorar un nuevo round de todo esto en el último trimestre del año.
Por lo pronto y al margen de la puja judicial, algunas de las siete entidades empezaron a informar rebajas en la cuota de mayo. Es decir, habían aumentado tanto por encima de la inflación, que el recálculo impuesto ahora las obliga (no por ahora a devolver, pero sí) a bajar.
Swiss Medical, otra de las empresas que deberá readecuar su cuota. Foto Archivo Luciano Thieberger Así, Swiss Medical notificó a sus afiliados que aplicará una rebaja del 22,22%, mientra que OSDE, el 20,76%. Por su parte, Galeno bajará 26,78% y Medifé, un 20%.
Desde el Gobierno afirman que como la medicina privada aplicó subas que acumularon más de un 150% desde diciembre, se pasaron de la raya. Así, como regla general -advirtieron este jueves- las cuotas de mayo no deberían superar en un 114,5% las abonadas en diciembre pasado.
El dictamen de la Secretaría de Comercio de abril, cuya puesta en práctica ahora precisó Caputo, detalló lo abultadas que fueron, en especial a principios de año, esas alzas de las entidades presuntamente “cartelizadas”.
El texto aclara que en enero subieron entre 40% y 50%, cuando la inflación de diciembre había sido del 25%. Y que en febrero alzaron las cuotas casi un 30%, cuando el IPC de enero marcó un 20,6% y el febrero, solo 13,2%.
Las prepagas que podrían tener que devolver dinero cobrado de más
Mientras las siete entidades procesan las novedades de este jueves, persisten indefiniciones con respecto a la medida cautelar de la Superintendencia contra 23 entidades por “abuso de precios”.
Son Medicina Esencial, Accord Salud, Prevención Salud, Hominis, Avalian, Federada Salud, SIPSSA, Hospital Italiano, Obra Social Luis Pasteur, OSDE, Medifé, Sancor, Jerárquicos Salud, Medicus, Met Córdoba, Swiss Medical, Omint, Galeno, Hospital Alemán, Hospital Británico, CEMIC, Grupo DDM SA y Círculo Médico de Lomas de Zamora.
El foco del Gobierno no apunta tanto a una regulación de precios futura sino a que esas empresas devuelvan lo que estuvieron cobrando por encima de la inflación.
Sin embargo, en un gesto que el Gobierno interpreta como «delirio jurídico», la jueza Mercedes Maqueira, del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal Nº9, se declaró incompetente, y pasó la causa a otro juzgado del mismo fuero (el Nº3).
Argumentó que, además del pedido del Gobierno, había recibido amparos de particulares solicitando la declaración de inconstitucionalidad del decreto 70/2023, y que decidir sobre uno u otro tema podía generar fallos contradictorios. Este viernes, el Gobierno apelará a esa decisión.
MG