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21 julio, 2024

El Gobierno no planea contactos directos con Arabia hasta que pida permiso legal sobre Telefónica

La irrupción como primer accionista de Telefónica de Saudi Telecom (STC), la operadora controlada por el Estado saudí, pilló por sorpresa a la compañía española y también al Gobierno español. Moncloa reconoce que fue avisada por Arabia Saudí de la operación en la tarde del martes, apenas unas horas antes de que se hiciera pública la adquisición del 9,9% de Telefónica por parte de la teleco árabe por 2.100 millones.

Tras el shock inicial y esa llamada inesperada, el Gobierno español no planea tener ningún contacto directo con Arabia Saudí ni con su operadora de telecomunicaciones estatal para abordar la operación. Ni está previsto ahora ni se pretende pedir, según confirman fuentes oficiales, que auguran que el próximo contacto con STC se producirá cuando ésta active el proceso legal para conseguir la necesaria aprobación por parte del Ejecutivo a la transacción.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, coincidirá este fin de semana en la cumbre del G20 con una representación de alto nivel de Arabia Saudí (previsiblemente liderada por el príncipe heredero Mahamed bin Salman). Pero no está previsto que se celebre ningún encuentro entre las delegaciones de ambos países y Moncloa descarta solicitarlo para incluirlo en la agenda de reuniones bilaterales del presidente, confirman fuentes gubernamentales.

Operación de Estado

Se trata de una operación de Estado (la entrada de un grupo controlado por un Gobierno extranjero en el capital de una empresa estratégica para España) y que requiere la autorización del Ejecutivo (el escudo antiopas obliga a pedir permiso si se supera el 5% en una empresa vinculada a defensa y la seguridad nacional), pero de momento no se plantean contactos entre ambos países. El propio ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que no está previsto ningún encuentro bilateral entre ambos países para abordar la operación.

Desde el Gobierno se apunta que está monitorizando la situación mediante un “contacto permanente” con la dirección de Telefónica para analizar la situación, y se encomiendan a las reuniones que el presidente de la operadora, José María Álvarez-Pallete, y su consejero delegado, Ángel Vila, están manteniendo con las autoridades saudíes y con la cúpula de STC tras haberse trasladado de urgencia al país árabe.

La adquisición de todo el paquete accionarial del 9,9% de Telefónica que pretende el grupo saudí sólo podrá completarse con la autorización expresa del Gobierno español, en virtud del escudo de protección de empresas estratégicas españolas frente a inversores extranjeros. De momento, la compañía saudí sólo podría ejercer derechos de voto en el grupo español por un máximo del 4,9%, pero para hacer valer todo el 9,9% que pretende controlar necesita la aprobación del Ejecutivo.

STC prepara la petición

Fuentes próximas a STC aseguran que sus abogados siguen trabajando y que se presentará en los próximos días la petición de autorización oficial al Gobierno para llegar al 9,9% de derechos políticos. El ‘escudo antiopas’ levantado por el Gobierno durante la pandemia para proteger compañías de sectores estratégicos de operaciones de absorción indeseadas por inversores extranjeros exige con carácter general el visto bueno gubernamental para compras de paquetes superiores al 10%. Pero en el caso de compañías vinculadas con el sector de la defensa, como es el caso de Telefónica por sus contratos con las Fuerzas Armadas, el umbral se rebaja al 5% tras la última reforma del escudo que entró en vigor el 1 de septiembre.

Saudi Telecom ha adquirido una participación directa del 4,9% de las acciones de la compañía española y otro 5% de manera indirecta mediante instrumentos financieros. El grupo saudí sólo podrá ejercer hasta el ‘ok’ gubernamental los derechos de voto correspondientes a esa participación directa del 4,9%, pero tendrá que esperar a recibir los permisos regulatorios obligatorios para obtener los derechos de voto por el otro 5% adicional hasta completar la operación.

La compañía árabe debe solicitar el permiso para superar el 5% al Ministerio de Defensa, aunque la operación se en detalle también por el Ministerio de Asuntos Económicos y deberá recibir en todo caso el visto bueno definitivo tras elevarse al Consejo de Ministros. En principio, el Ejecutivo debe pronunciarse en el plazo máximo de tres meses desde la solicitud de la compañía, pero puede ampliar los plazos todo los necesario si reclama información adicional al grupo comprador.

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