El Gobierno de Javier Milei anuló la cesión de más de 25 mil hectáreas en la provincia de Mendoza que habían sido otorgadas a comunidades mapuches durante la última gestión kirchnerista.
La medida, oficializada mediante resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), responde a un pedido de nulidad presentado por la provincia, que denunció irregularidades en el proceso.
Anulación de cesiones irregulares
Los terrenos en cuestión se encuentran en los departamentos de San Rafael y Malargüe y poseen un alto potencial de desarrollo minero. Su cesión en enero de 2023, bajo la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, generó un fuerte rechazo por parte del gobierno mendocino, que recurrió a la Corte Suprema para revertir la decisión.
Las resoluciones actuales, firmadas por el titular del INAI, Claudio Avruj, dejan sin efecto el reconocimiento de ocupación de las comunidades Lof El Sosneado (San Rafael) y Suyai Leufu (Los Molles, Malargüe). La provincia de Mendoza había argumentado que la cesión violaba su autonomía, derechos de propiedad privada y la Ley Nacional 26.160, que exige la consulta a los gobiernos provinciales en estos casos.
Desde el Ejecutivo mendocino señalaron que “se habían vulnerado derechos provinciales” y que el reconocimiento de estas ocupaciones se realizó de manera unilateral, sin consulta previa. Además, recordaron que otras provincias enfrentan reclamos similares por parte de propietarios legítimos que defienden sus tierras.
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Repercusiones de la decisión
La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, celebró la anulación y denunció que en 2023 “intentaron imponer ilegítimamente el reconocimiento de supuestas ocupaciones ancestrales en Los Molles y El Sosneado”. También destacó “el compromiso del titular del INAI, Claudio Avruj, cuya gestión permitió la anulación de estas resoluciones”.
Casado remarcó que esta medida “reafirma principios fundamentales como la propiedad privada, la seguridad jurídica y la autonomía provincial”, y advirtió que no permitirán decisiones arbitrarias sin sustento legal.
Una cesión cuestionada desde el inicio
La cesión de estas tierras en 2023 se realizó bajo la firma del entonces presidente del INAI, Alejandro Marmoni, sin la intervención del gobierno de Mendoza. Se justificó la decisión en el artículo 18 del Código Civil y Comercial, que reconoce el derecho de las comunidades indígenas a la posesión y propiedad de las tierras que ocupan tradicionalmente.
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Como resultado de esa medida, la comunidad Lof Limay Kurref había recibido 4.477 hectáreas, la Lof Suyai Leufu unas 3.584 m² y la Lof El Sosneado 21.370 hectáreas. Sin embargo, la provincia argumentó que no existían pruebas suficientes para acreditar la ancestralidad de las comunidades en esos territorios y cuestionó la falta de consulta.
Revisión de políticas en el INAI
Con esta decisión, el gobierno de Milei establece que cualquier cesión de tierras deberá contar con la participación del gobierno provincial correspondiente. La medida se conoce en un contexto de creciente conflicto en la Patagonia, donde en las últimas semanas se registraron incendios intencionales atribuidos a grupos radicalizados.
Desde el INAI aseguraron que revisarán otros casos similares y que se trabajará en un marco normativo que garantice seguridad jurídica tanto para las comunidades indígenas como para las provincias y los propietarios afectados.