El sector automotor y autopartista argentino enfrenta una competencia global desigual, con subsidios externos y una carga tributaria local que dificulta su competitividad.
En el comercio global, la alta competencia induce a las empresas a innovar permanentemente para ‘seguir en carrera’, beneficiando a los consumidores con mejores productos a precios más bajos. Sin embargo, cuando la industria de un país compite con subsidios estatales directos e indirectos, la asignación eficiente de recursos se rompe: no decide el mercado, sino una estructura estatal con intereses geopolíticos.
La industria automotriz local y regional se encuentra en un punto crítico. Al desafío del cambio tecnológico global se suma una feroz competencia por inversiones que determinarán las capacidades productivas y el empleo futuro. El sector automotor argentino es uno de los más abiertos a la competencia externa: mientras que para el país la suma de importaciones y exportaciones sobre el PBI es del 25%, para el sector automotor supera el 130% de la producción.
La estructura productiva se basa en un esquema de especialización con Brasil, por lo que las reglas ecuánimes son imprescindibles. La competitividad de la cadena está en discusión, especialmente al comparar precios de vehículos sin ecualizar la presión impositiva o al adquirir autopartes producidas con subsidios o dumping social.
Potencia como EE.UU. y la Unión Europea aplican aranceles quirúrgicos e investigaciones anti-subsidios para evitar importaciones con ventajas artificiales. Para Argentina, la carrera es doblemente dificultosa: enfrentar competencia con ‘doping’ y una pesada mochila tributaria (Impuesto a los Débitos y Créditos, Ingresos Brutos y Tasas Municipales) que castiga a las cadenas más integradas localmente. Es necesario eliminar estas asimetrías para competir en igualdad de condiciones.