La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) suspendió el juicio oral contra el coronel retirado David Guzmán Ramírez, acusado de ejecuciones extrajudiciales en Dabeiba e Ituango entre 2004 y 2005. La defensa del militar presentó un recurso de apelación que debe resolverse antes de continuar el proceso.
En Bogotá se llevó a cabo la segunda audiencia del juicio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, quien no reconoció su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales registradas en Dabeiba e Ituango, Antioquia, entre 2004 y 2005.
La defensa de Guzmán Ramírez sostuvo que el coronel no tuvo participación en los hechos expuestos durante el caso, en el que testigos afirmaron que el militar tenía conocimiento de lo ocurrido con los campesinos y locales que fueron asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate.
En la diligencia, la magistrada Reinere Jaramillo, que preside el juicio, confirmó que la defensa de Guzmán presentó una solicitud para suspender el proceso, argumentando que primero se debe resolver un recurso por un hecho registrado entre el 8 y 9 de diciembre de 2004 en Ituango.
La decisión fue suspender el juicio oral, esperar la resolución del recurso de apelación y mantener la sección de ausencia mientras las diligencias del resto del juicio serán programadas mientras se espera la decisión de la Sección de Apelación.
La representación de las víctimas interpuso un recurso de reposición al considerar que la suspensión del juicio afecta a los afectados en el caso y generará nuevas dilaciones en un proceso que lleva más de 20 años desde que se registraron las ejecuciones extrajudiciales.
“Desde el escrito de acusación y durante todas las etapas procesales, la Fiscalía definió con claridad los diez hechos jurídicamente relevantes. La defensa nunca presentó nulidades ni objeciones oportunas frente al marco fáctico. La controversia pendiente en apelación solo afecta uno de los diez hechos, por lo que suspender integralmente el juicio resulta desproporcionado”, argumentó la fiscal encargada del caso.
Para la magistrada de la JEP, la decisión que tomará la Sección de Apelación podría afectar la definición del material probatorio del juicio, y confirmó que mantendrá la suspensión para proteger el debido proceso.
“No repone y, por el contrario, confirma la decisión tomada en toda y cada una de sus partes” fueron las palabras de la magistrada Reinere Jaramillo, que indicó que permitiría la presentación de los testimonios de dos testigos de las víctimas (que estaban en el lugar) y luego suspendería el juicio.
Testigos expusieron sus historias y el juicio fue aplazado. La representación de víctimas presentó a sus dos testigos, que de manera reservada se refirieron a uno de los hechos de la acusación contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, registrado en septiembre de 2004 en jurisdicción de Ituango, Antioquia.
Debido a la condición de los testigos y la reserva que pidieron, sus declaraciones serán tenidas en cuenta cuando se programe la continuidad del juicio. Tras las preguntas complementarias de la fiscal y del magistrado Gustavo Salazar, el abogado defensor Diego Bernal ejerció el derecho a la última palabra y finalmente se aplazó el resto del proceso.
“Tras la realización de los testimonios en audiencia reservada y el desistimiento de otros testimonios por parte de la representación de víctimas, el Juicio Adversarial Transicional contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez se reanudará una vez la Sección de Apelación se pronuncie sobre el recurso interpuesto relacionado con el hecho incluido en la acusación del 9 de diciembre de 2004”, confirmó la JEP.
Cabe recordar que la apelación de la defensa es por las acusaciones en contra de su cliente, que ha sido culpado de participar en cuatro homicidios registrados en Ituango, más específicamente en la vereda San Luis, en donde el 8 de diciembre de 2004 cuatro personas fueron sacadas a la fuerza de una fiesta.
Las víctimas fueron identificadas como Ricardo Antonio Úsuga Oquendo, Pacífico Antonio Sucerquia García, Roberto de Jesús Garcés Barrera y Arley Darío Rojas Graciano, que horas después de la retención ilegal fueron asesinados. La investigación adelantada por fiscales e investigadores de la Unidad de Investigación y Acusación ha establecido que los hombres armados que cometieron la masacre en realidad eran efectivos del Batallón Contraguerrilla 79, al mando de Guzmán Ramírez.