El proyecto de ley enviado al Senado busca limitar las pensiones por invalidez a quienes no puedan trabajar. Desde ASDRA advierten que podría condenar a miles de personas a la pobreza.
El Gobierno envió la semana pasada al Senado un proyecto de ley denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que propone que la pensión por invalidez, de 336 mil pesos, sea percibida únicamente por quienes no pueden trabajar en absoluto. La iniciativa reabre un debate sensible sobre la compatibilidad entre la ayuda estatal y el empleo.
Desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) consideran que la medida es “un error” y que podría empujar a miles de personas a la pobreza. Alejandro Cytrynbaum, secretario de la institución, explicó que “es muy poquito lo que se percibe, menos que una jubilación mínima. Nadie puede vivir solo con eso”.
Según Cytrynbaum, la pensión fue creada originalmente como una ayuda para familias en situación de vulnerabilidad, y tras años de lucha se logró que el trabajo y la pensión no fueran incompatibles. “Es una incoherencia quitarle la pensión a alguien que trabaja porque la persona que la cobra realmente la necesita”, afirmó.
El especialista señaló que los empleos a los que acceden las personas con discapacidad suelen ser de media jornada y con salarios proporcionales a las horas trabajadas, insuficientes para cubrir gastos adicionales como terapias o apoyos. Además, la pensión garantiza una obra social, por lo que perderla implicaría quedar sin cobertura médica.
Según datos oficiales, hay cerca de 1,2 millones de pensiones activas en el país, y se estima que el 80% de las personas con discapacidad no consiguen trabajo. Cytrynbaum advirtió que el proyecto podría generar que algunas familias prefieran mantener la pensión por temor a perderla si el familiar accede a un empleo inestable. “Este proyecto es totalmente regresivo, porque va en contra del crecimiento de las personas”, concluyó.