Un informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) reveló una caída del 7,7% en el empleo directo del sector, afectado por la menor producción local de vehículos y el aumento de importaciones asiáticas.
El empleo directo en el sector autopartista argentino se redujo de 53.700 personas en 2024 a 49.600 en 2025, lo que representa una pérdida de 4.100 puestos de trabajo, según un informe elaborado por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) con datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
El estudio indica que el 80,5% de la caída corresponde a empresas cuyo principal destino es la producción local de vehículos, en un contexto de cancelación anticipada de modelos y un incremento de las importaciones asiáticas. En el mercado de reposición, que genera el 34,1% del empleo total, también se verificó un fuerte impacto de las compras externas desde Asia.
Casi la mitad del empleo del sector se concentra en pymes de menos de 300 empleados, y el 21% en firmas de menos de 100 trabajadores. Las perspectivas para 2026 no son alentadoras: se proyecta una nueva caída en la producción de vehículos del 7,5% y una consolidación de las importaciones asiáticas de autopartes.
El presidente ejecutivo de AFAC, Juan Cantarella, señaló en una columna reciente que “el sector automotor y autopartista argentino es uno de los más abiertos y expuestos a la competencia externa”. Mientras que la suma de importaciones y exportaciones sobre el PBI nacional es del 25%, en el sector automotor ese porcentaje supera el 130% de la producción. Cantarella agregó que “la estructura productiva se basa en un esquema de especialización y complementación con Brasil; al ser una industria que depende esencialmente de las exportaciones para producir a escalas mínimas eficientes, las reglas ecuánimes son imprescindibles para ser competitivos”.
El directivo también remarcó que Argentina enfrenta una doble dificultad: por un lado, la competencia externa con condiciones que calificó de “doping”, y por otro, una “pesada mochila tributaria” que, si bien se ha prometido aliviar, avanza a una velocidad limitada por las necesidades fiscales para mantener la estabilidad macroeconómica.