El letrado jubilado Juan Francisco Durán declaró como testigo en el juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, y aseguró que no escuchó rumores de que el puesto de Luis Carrero estuviera reservado.
El letrado del Gabinete de Asuntos Judiciales de la Diputación de Badajoz, ya jubilado, Juan Francisco Durán, declaró como testigo en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la institución provincial en 2017. Durán afirmó que no conoce al exasesor de Moncloa Luis Carrero y que firmó, en calidad de secretario general accidental el 26 de diciembre de 2023, su nombramiento como jefe de sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas. Sostuvo que no oyó ni tuvo conocimiento de rumores de que este puesto estuviera preparado para adjudicarse a un amigo de David Sánchez.
“No, nosotros estamos en el mundo de los pleitos, en ese momento actuamos como secretarios, no sé nada respecto a rumores”, declaró Durán. Agregó que ningún funcionario, político o persona técnica mencionó que ese puesto estuviera reservado para Carrero, y reafirmó que los letrados de la diputación “tienen la imagen de ser profesionales y ceñirse a la legalidad”.
Preguntado sobre si, al verificar el contenido del decreto de nombramiento, hubiera podido detectar alguna irregularidad, Durán especificó que analiza el decreto que está verificando y rubricando, “no cuestiones colaterales”. Concretó que su función, en este caso como secretario general accidental, garantiza la legalidad formal y la autenticidad del acto. Afirmó que no realizó ninguna gestión que le sorprendiese, ya que el decreto “contenía los elementos esenciales” y no le interesaban circunstancias como que Carrero fuese el único que se presentara a ese puesto.
Durán explicó que, en su condición de secretario accidental, se limita a verificar el decreto de nombramiento dictado por el diputado de Recursos Humanos y Régimen Interior. Detalló que garantiza la legalidad formal del acto, la autenticidad, y deriva del acto que rubrica tres aspectos: que el órgano es competente, que el procedimiento es correcto, que está motivado, que tiene pie de recurso y que está fiscalizado por la intervención. “Ahí acaban mis funciones”, sostuvo.
En cuanto al procedimiento de cobertura del puesto, señaló que constata que este tipo de provisiones llevan la aprobación de unas bases y su publicación, una convocatoria, el acceso y la selección. Observó que en el decreto se contienen las motivaciones: es una comisión de servicios autorizada por la Junta de Extremadura por un máximo de dos años, sin contenido económico compensatorio, y que después se sacará a provisión definitiva. Afirmó que “en absoluto” le sorprendió que se cubriera por una provisión provisional por dos años.
Durán reconoció que no conoce los correos en los que, con anterioridad a la publicación de las bases, se daba por hecho que Carrero se iba a incorporar a la Diputación de Badajoz. Finalmente, sobre los sistemas de control en la creación de una plaza, incidió en que “si no fuera así se vulneraría la legalidad” y que “tiene que ser así”. Aplicado al expediente de provisión, señaló que “cualquier vulneración de cualquier aspecto del régimen administrativo conllevaría la vulneración del mismo, quiero entender que ha sido así”.