Un procedimiento de la Prefectura Naval por pesca furtiva en cercanías de la Isla Apipé, en Corrientes, terminó con disparos intimidatorios y el secuestro de una embarcación a remo de Paraguay. A raíz del incidente, el gobernador de esa provincia, Gustavo Valdés, pidió la “intervención de la Cancillería para garantizar la seguridad y protección de los tripulantes argentinos”, sostuvo en la red social X.
Todo comenzó muy temprano cuando una patrulla de la Prefectura llegó hasta la isla Marco, que está a unos dos kilómetros del Puerto San Antonio de la Isla Apipé, muy cerca de la central hidroeléctrica Yacyretá.
Los marinos argentinos arribaron a esa isla -que es territorio argentino- porque tenían datos sobre la existencia de campamentos de paraguayos que pescaban en la zona de reserva. Tras constatar la infracción, los prefectos comunicaron a los pescadores que iban a decomisarles una canoa.
Fue entonces que la situación se puso muy tensa. Otros pescadores del vecino país comenzaron a rodear la lancha de la Prefectura mientras exhibían machetes y palos, en un claro intento por evitar que el procedimiento continuara adelante.
En esas circunstancias, los integrantes de la patrulla de la Prefectura de Ituzaingó hicieron uso de las armas largas que portaban. En principio habrían utilizado postas de goma para intimidar a los pescadores y evitar posibles intentos de agresión.
Parte del incidente quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó y generó algunas confusiones. Por el posteo del gobernador Valdés, muchos interpretaron que se trató de un nuevo exceso de la Prefectura de Paraguay, tal como sucedió el año pasado con pescadores deportivos argentinos.
El camuflaje oscuro de la embarcación fue uno de los motivos que llevó a la confusión. Desde la Isla Apipé confirmaron que los disparos fueron de la fuerza argentina y que en principio no se registraron personas lesionadas.
Aguas abajo de la central hidroeléctrica de Yacyretá se vive una situación muy particular. Por un tratado internacional, Argentina y Paraguay acordaron un reparto de las islas. Muchos de esos enclaves, entre ellos la enorme isla Apipé, son territorio argentino pero están rodeadas de aguas jurisdiccionales paraguayas, situación que genera constantes roces con las autoridades navales del vecino país.
«Nuevo incidente en aguas fronterizas en la zona de la Isla Apipé con fuerzas armadas de #Paraguay. Pedimos al gobierno, a través de @CancilleriaARG, así como al @SenadoArgentina, que intervengan urgentemente para garantizar la seguridad y protección de los tripulantes argentinos», tuiteó Valdés, con el video en cuestión y dejó espacio a interpretaciones varias.
Tres horas después, el gobernador pareció rectificarse. «Todo mi apoyo y el del pueblo correntino a los trabajos de custodia y control de la Prefectura Naval en las costas argentinas en esta zona limítrofe», agregó.
El antecedente con la Prefectura de Paraguay que generó confusión
En junio del año pasado, una embarcación de la Armada de Paraguay invadió aguas jurisdiccionales argentinas para intentar interceptar a pescadores deportivos a los que acusaron de haber traspuesto el límite internacional. El incidente se produjo en la zona conocida como “Punta Ñaró”, donde el canal de navegación pasa muy cerca de la costa argentina.
El hecho quedó registrado casualmente en un video y dejó en evidencia el atropello de los marinos paraguayos. Los pescadores realizaban trolling (pesca con señuelos de arrastre) en el lugar cuando irrumpió a toda velocidad la lancha de la Armada paraguaya y uno de sus integrantes saltó a la embarcación argentina. Una rápida maniobra del timonel les permitió llegar a la costa, donde se generó una discusión con los integrantes de la fuerza militar extranjera.
La férrea resistencia que opusieron los pescadores y el guía junto a otras personas que estaban en la zona evitó el decomiso de los artículos de pesca junto con la lancha y el traslado de los supuestos infractores hasta la zona de Ayolas, en territorio paraguayo.
A raíz de aquel incidente, el gobernador Valdés no dudó en calificar el hecho como “una agresión a la soberanía argentina” y pidió la intervención del Gobierno Nacional y Cancillería al considerar que se vulneraron tratados internacionales.
DS