Este artículo fue publicado originalmente en el periódico impreso Alternativa Socialista n°862.
Los puntos de equivalencia del programa económico de la dictadura y el del gobierno libertario son notorios. Con el genocidio se avanzó con un plan global de reconversión inicial de la economía. En los 90 con el menemismo hubo un nuevo intento y ahora otra vez, con Milei una nueva escalada.
Lo primero es ubicar el contexto global de la economía capitalista en proceso de reseteo mundial: el ciclo expansivo de la tasa de ganancia de la segunda posguerra finalizaba en la década de 1960 y el imperialismo dominante encabezaba un giro hacia una variante distinta al keynesianismo hegemónico como perspectiva:
- Había que aumentar la tasa de explotación laboral, y para eso se requería suprimir derechos laborales y debilitar las organizaciones obreras.
- Se iniciaba el curso del fenómeno de la deslocalización para producir bienes por partes en diversas regiones aprovechando las condiciones de rentabilidad de cada país.
- Las empresas bajo control estatal cedían paso a un ciclo de privatización general.
- El endeudamiento externo con el FMI como ariete instalaba un mecanismo de saqueo económico y sometimiento político.
Todo al servicio del propósito elemental de recuperar niveles de ganancia que la vitalidad de la producción capitalista en los términos de la II posguerra ya no garantizaba al sector hegemónico de la burguesía mundial.
La matriz del plan económico del Golpe
El ministro de Economía de la dictadura, José Martínez de Hoz, de la familia fundadora de la Sociedad Rural, presidente en 1975 de ACINDAR e ideólogo del plan criminal contra el Villazo, presentó a pocos días del golpe del 24 de 1976 los llamados “12 puntos fundamentales” del programa económico que se proponía garantizar la “libertad de precios”, la “libertad del comercio exterior”, la “liberación de los alquileres”, “la libertad para las inversiones extranjeras”, entre otras libertades para el gran capital. Destacamos algunas de las principales medidas para cotejar con el programa de Milei:
- Reducción del salario real en un 40% solo en 1976.
- Eliminación de retenciones a la exportación de productos agropecuarios.
- Apertura de la economía, reducción progresiva de los aranceles de importación.
- Eliminación de subsidios a las exportaciones no tradicionales, de créditos de fomento, de prestaciones sociales (salud, vivienda), suba de tarifas de los servicios públicos.
- Liberalización de los mercados cambiarios y financieros y el financiamiento del déficit público mediante colocación de títulos en el mercado de capitales.
- Ajuste fiscal: reducción del gasto, empleo y déficit del gobierno, la privatización de empresas.
En ese primer año se combinaron el congelamiento salarial en medio de un salto inflacionario importante a partir de la liberación de precios y la intervención de los sindicatos para impedir la respuesta de los trabajadores.
Los ganadores claros del período fueron los grandes terratenientes con la eliminación de retenciones como así también los bancos a partir del mecanismo de la especulación en títulos públicos.
Este plan de guerra fue avalado y financiado de arranque con un desembolso del FMI por 126 millones de dólares a días de iniciada la dictadura y anunciado el plan. El mismo FMI le había negado al gobierno de Isabel Perón meses antes un préstamo solicitado: las cartas estaban echadas y la apuesta era a fondo por el golpe.
Los efectos inmediatos
Las derivaciones de estas medidas se hicieron sentir rápidamente:
- Salto en el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
- Aumento de la pobreza y de la desigualdad (la participación de los salarios en el ingreso bajó de 45% al 27% entre 1974 y 1983).
- Crecimiento del déficit de vivienda por el encarecimiento del crédito público y el aumento de los precios de los alquileres.
- Profundizamiento del proceso de desindustrialización por la apertura económica.
- Caída del 10% del empleo asalariado industrial (reducción de 150.000 obreros industriales) entre 1974 y 1985 por la disminución de los establecimientos industriales.
Y un dato central del período que luego bajo las condiciones de la democracia capitalista continuó: la deuda externa aumentó exponencialmente pasando de U$S 8.000 millones de dólares en 1975 a U$S 45.000 millones en 1983, hacia el final de la dictadura.
La investigación que impulsó Alejandro Olmos sobre la deuda como mecanismo de saqueo planificado, luego de años de dilaciones judiciales, terminó en el año 2000 con el fallo del juez Jorge Ballesteros que encontró casi 500 ilícitos en el proceso de toma deuda y su continuidad en los años posteriores a 1983 bajo Alfonsín, Menem y De la Rúa. En el fallo este magistrado calificó la deuda externa de ilegítima, fraudulenta e inmoral. Desde entonces, ningún gobierno, ni siquiera los del ciclo progresista se animaron a cuestionar y romper con este mecanismo de sometimiento neocolonial.
Los puntos de contacto entre la orientación libertaria y el programa económico de la dictadura son evidentes. A la vez, los contextos no son los mismos e indudablemente la lenta decadencia de las condiciones de vida de la clase obrera a lo largo de décadas, la precarización de sus contingentes más jóvenes que nunca conocieron los derechos laborales y el fracaso estrepitoso de las promesas progresistas, pavimentan el camino de esta nueva experiencia reaccionaria. Explicar sus fundamentos y las consecuencias casi inevitables más temprano que tarde, también hacen parte de las tareas de la batalla cultural que tenemos que dar desde la izquierda.