Una orden ejecutiva otorgó rangos militares a altos directivos de empresas de Silicon Valley, con el objetivo declarado de agilizar el desarrollo de sistemas de armamento autónomo y defensa.
El gobierno de Estados Unidos, mediante una orden ejecutiva, otorgó rangos militares de teniente coronel a cuatro altos ejecutivos de las empresas OpenAI, Meta y Palantir. Según informaron fuentes oficiales, la medida establece un marco legal para que estos profesionales dirijan directamente programas vinculados a armas autónomas y sistemas de vigilancia fronteriza.
La Casa Blanca argumentó que esta integración administrativa busca eliminar trabas burocráticas en la transferencia de tecnología hacia contratistas militares, constituyéndose como un elemento central de su doctrina de seguridad nacional para el período 2026-2030. El personal seleccionado tendrá acceso a niveles de seguridad clasificados para coordinar el despliegue de tecnologías como enjambres de drones y sistemas automatizados de toma de decisiones.
Desde el Pentágono se sostuvo que la superioridad tecnológica es fundamental para contrarrestar avances de otras potencias en áreas como la computación cuántica aplicada a la defensa. La concesión de rangos militares elimina ciertos filtros de supervisión externa, permitiendo a los ejecutivos operar como comandantes de proyecto con autoridad sobre personal técnico, lo que -según la administración- reduce drásticamente los tiempos de implementación de actualizaciones de software.
La orden también faculta a estos nuevos oficiales para requisar hardware civil en situaciones de emergencia nacional declarada. Paralelamente, se busca superar un estancamiento detectado en la integración de modelos de lenguaje en unidades de artillería, automatizando la identificación de objetivos mediante reconocimiento facial a gran escala. Los sistemas procesarán grandes volúmenes de datos de satélites y cámaras para analizar patrones de movimiento.
La medida incluye la creación de centros de datos fortificados bajo jurisdicción militar exclusiva, que operarían de forma autónoma respecto a la infraestructura civil de internet para prevenir ciberataques. Este giro estratégico marca un cambio en la relación entre las grandes corporaciones de software y el aparato de defensa estadounidense. Los ejecutivos incorporados deberán responder ante tribunales militares en caso de incumplimiento de los objetivos de defensa asignados.