Un análisis del economista Osvaldo Giordano advierte que el ajuste fiscal de la Nación no se replica en las provincias, generando un desequilibrio que podría poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.
Convocados por la revista de negocios Punto a Punto, empresarios, ejecutivos y dirigentes del mundo productivo cordobés escucharon a Osvaldo Giordano —titular del IERAL de Fundación Mediterránea y ex ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba— desgranar un diagnóstico que incomoda por su precisión: el esfuerzo fiscal que hizo la Nación desde 2024 no tiene réplica en los estados provinciales, y esa asimetría es una bomba de tiempo que ya explotó una vez en la historia argentina reciente.
El mensaje central de Giordano no fue de catástrofe, pero tampoco de complacencia. Fue algo más difícil de digerir: el ajuste está a mitad de camino, y la mitad que falta es la que nadie quiere hacer. El ajuste que se hizo y el que no.
Para entender el problema, Giordano arrancó desde arriba. El gasto público consolidado —Nación, provincias y municipios sumados— creció casi 15 puntos del PIB entre 2004 y 2023. Una expansión descomunal que financió moratorias, subsidios energéticos, empleo público provincial y estructuras municipales que se multiplicaron sin control. El kirchnerismo en sus distintas expresiones —nacional, provincial, municipal— engordó el Estado en todos los niveles de gobierno.
Lo que vino después, en 2024, fue el ajuste más veloz de la historia argentina reciente. El gobierno de Javier Milei recortó con una velocidad que sorprendió a propios y extraños, y logró el equilibrio fiscal que durante décadas pareció imposible. Pero ese ajuste, señaló Giordano, apenas recuperó la mitad de lo que se había expandido. “Se recortó la mitad de esa escalada”, graficó el economista. Quedaron siete puntos del PIB de gasto adicional que el Estado consolidado sigue sosteniendo respecto a los niveles de 2004.
Pero hay algo más preocupante que esa foto estática: el movimiento que se observa hacia adelante. Porque mientras la Nación mantuvo la disciplina fiscal, las provincias empezaron a aflojar. “Así como la Nación sostuvo el ajuste fiscal, las provincias no lo están sosteniendo y volvieron a subir los niveles de gasto”, advirtió Giordano sin eufemismos. El gasto público provincial creció en 2025, y todo indica que en 2026 crecerá más. El año que viene es electoral, y en Argentina los años electorales tienen una sola dirección conocida para el gasto nacional y subnacional.
La consecuencia ya se ve en los números: al cierre del año pasado, eran muy pocas las provincias que todavía exhibían superávit. La mayoría había retornado al déficit, silenciosamente, mientras el debate político nacional se concentraba en el cepo, la inflación y las reformas por hacer.
El fantasma de la convertibilidad. Giordano no necesitó forzar la analogía histórica. La trajo con nombre y apellido. La crisis de 2001, dijo, tuvo múltiples factores causales, pero uno decisivo fue el desequilibrio de las provincias. En aquel momento, el entonces ministro Roque Fernández descartó el problema con una frase que quedó grabada en la memoria del fracaso: “Eso no es problema mío, es problema de las provincias”. Lo que siguió es historia conocida. “Cuando un problema generalizado pasa a ser un problema sistémico, te lleva puesto un programa macroeconómico”, sintetizó Giordano. La lección es clara: un desequilibrio fiscal en una sola provincia puede contenerse. Cuando el fenómeno es transversal —cuando son ocho, diez, doce provincias las que gastan más de lo que tienen—, el sistema no tiene herramientas para absorberlo sin que el contagio llegue al nivel nacional.
Lo que preocupa al titular del IERAL no es que una provincia entre en crisis. Es que nadie en el gobierno nacional parezca estar dimensionando la magnitud del riesgo.
La trampa de los siete puntos. Detrás de la cuestión fiscal hay otra discusión que Giordano llevó al centro del debate: la de los impuestos distorsivos. Ingresos brutos, impuesto al cheque, retenciones, tasas municipales sobre ventas. Un conjunto de tributos que, según el economista, representan más de siete puntos del PIB y que la producción argentina identifica como el principal obstáculo para su competitividad. “Sáquenmelos a todos si quieren que yo sea competitivo”, resumió en relación a la demanda del sector privado.
El problema es matemático y es político al mismo tiempo. Eliminar esos impuestos sin caer en déficit fiscal requeriría un recorte adicional del gasto equivalente a todo el ajuste que ya se hizo en 2024. “Otro recorte de siete puntos del PIB”, precisó Giordano. Y ahí es donde la promesa se vuelve ilusoria. Nueve de los 33 puntos del PIB que representa el gasto público consolidado son previsionales. Cualquier reforma en ese capítulo tiene efectos de mediano plazo, no de corto. Los derechos adquiridos no se borran con un decreto. El resto del gasto también tiene rigideces estructurales que no se resuelven en meses.
“Esperar que baje el gasto público y en base a eso eliminar los impuestos distorsivos es una expectativa ilusoria”, afirmó el economista. Una expectativa que, sin embargo, sigue siendo el relato implícito de buena parte del discurso oficial.