El gobernador Ron DeSantis promulgó una serie de leyes que comenzarán a aplicarse en Florida desde julio de 2026 y que introducen nuevas restricciones, controles y obligaciones vinculadas con ciudadanos extranjeros, empresas internacionales y entidades relacionadas con países considerados de preocupación.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó un conjunto de leyes que entrarán en vigor el 1 de julio de 2026. Las normativas establecen restricciones, controles y obligaciones para ciudadanos extranjeros, empresas internacionales y entidades vinculadas con países catalogados como “de preocupación” por el estado.
HB 905: nuevas restricciones para países de preocupación
La ley HB 905 amplía las restricciones relacionadas con la influencia extranjera en Florida. Identifica específicamente a China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y Siria como países de preocupación. Entre las disposiciones, se prohíben los acuerdos de adopción preplanificada cuando la madre voluntaria o los padres intencionales sean ciudadanos o residentes de esos países. También se elimina el Florida-China Institute de la lista de institutos de vinculación internacional autorizados y se prohíbe la participación de esos organismos en actividades o acuerdos con los países señalados. Los acuerdos culturales con esos países deberán pasar controles adicionales y podrían ser rechazados si agencias federales consideran que representan riesgos para la seguridad de Estados Unidos. Además, se redefine el concepto de “foreign source of concern” para incluir gobiernos, partidos políticos, empresas, organizaciones y agentes de los países mencionados, limitando contribuciones y relaciones financieras. Las sanciones para funcionarios públicos y candidatos que reciban beneficios de organizaciones terroristas extranjeras o gobiernos problemáticos incluyen la devolución del doble del beneficio económico recibido.
HB 1471: expulsión de estudiantes con visa
La ley HB 1471 aborda aspectos de seguridad interna y organizaciones terroristas. Autoriza al Chief of Domestic Security a designar organizaciones como grupos terroristas domésticos o extranjeros. Exige a universidades públicas y entidades educativas estatales informar sobre el estatus de estudiantes que asisten bajo visa si promueven organizaciones terroristas y avanzar con su expulsión inmediata. También crea nuevos delitos relacionados con el apoyo material a organizaciones terroristas domésticas, penalizando el entrenamiento militar recibido, la provisión de recursos y la participación activa bajo dirección de dichas organizaciones.
HB 1473: exención de registros públicos sobre designaciones terroristas
La HB 1473 complementa a la HB 1471 y establece una exención de registros públicos para información utilizada en la designación de organizaciones terroristas. La información entregada por el Chief of Domestic Security al gobernador y al gabinete que revele datos críticos para la seguridad estatal o nacional quedará exenta de divulgación pública hasta el 2 de octubre de 2031, salvo renovación legislativa.
SB 484: restricciones eléctricas para centros de datos y empresas extranjeras
La SB 484 prohíbe que empresas de servicios públicos suministren electricidad a grandes clientes considerados “foreign entities”, incluyendo compañías controladas por gobiernos de países de preocupación o con sede principal en esas jurisdicciones. Define “large load customers” como usuarios con una demanda mensual de al menos 50 megavatios en una sola ubicación. Las empresas de servicios públicos deberán implementar tarifas especiales para evitar que el costo sea trasladado a otros usuarios.
HB 271: nuevos controles para aseguradoras extranjeras de fianzas
La HB 271 modifica las reglas para compañías extranjeras y “alien bail bond insurers” que operan en el sistema de fianzas de Florida. Obliga a aseguradoras nacionales, extranjeras y “alien” a reportar primas de fianzas ante la Office of Insurance Regulation, mantener registros completos y revelar primas brutas emitidas en cada estado, impuestos pagados, cantidades retenidas por agentes y montos incluidos en estados financieros anuales. La ley comienza a regir el 1 de julio de 2026.