El caso Agostina expone una cadena de responsabilidades que trasciende a una persona o a un expediente, y plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para detectar riesgos antes de que ocurran tragedias.
El caso Agostina ha puesto en debate la necesidad de reflexionar sobre el sistema de denuncias y la responsabilidad colectiva en la prevención de la violencia de género. Según un análisis difundido, el caso interpela porque expone una cadena de responsabilidades que trasciende a una persona o a un expediente.
Detrás de cada hecho de violencia extrema suele haber señales previas, antecedentes, intervenciones estatales insuficientes o decisiones que, vistas en retrospectiva, aparecen como oportunidades perdidas. La reacción habitual consiste en buscar un único responsable, aunque la realidad suele ser más compleja.
El desafío, según se sostiene, no consiste únicamente en reaccionar cuando la violencia ya se consumó, sino en desarrollar instituciones capaces de detectar los riesgos antes de que sea demasiado tarde. Cuando el Estado, la Justicia, los organismos de protección o el entorno social fallan en identificar situaciones verdaderamente peligrosas, las consecuencias pueden ser irreversibles.
Resulta indispensable que el sistema conserve su capacidad de distinguir, investigar y priorizar adecuadamente. Cada recurso humano, económico e institucional destinado a intervenir en conflictos que no son reales es un recurso que deja de estar disponible para proteger a quienes efectivamente se encuentran en riesgo.
El feminismo, según se afirma, nunca tuvo como objetivo reemplazar la búsqueda de la verdad por consignas. Defiende la importancia de las denuncias verdaderas, exige investigaciones rigurosas y reclama respuestas estatales eficaces.
El debate sobre las denuncias falsas no debería ser utilizado para desacreditar a las mujeres ni para relativizar la violencia de género. Cada denuncia falsa, cada utilización indebida del sistema penal, cada acusación impulsada con finalidades ajenas a la búsqueda de justicia, erosiona la confianza pública y perjudica a quienes más necesitan ser escuchadas.
Una sociedad madura debería aspirar a que las ideas de creer a quien denuncia, combatir las falsas denuncias y sostener la lucha contra la violencia de género convivan y se complementen mutuamente.
La responsabilidad recae sobre el Estado cuando incumple obligaciones asumidas, sobre los legisladores cuando producen normas simbólicas, sobre los jueces cuando abandonan la imparcialidad, sobre los funcionarios, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación y quienes educan. Las transformaciones profundas comienzan en las aulas, en las familias y en los espacios de trabajo.