El organismo internacional instó a resolver el conflicto social en Bolivia mediante el diálogo político, en el marco constitucional y democrático.
Ante la ola de conflictos sociales que atraviesa Bolivia, la Comunidad Andina (CAN) expresó su preocupación e instó a que las diferencias sean encauzadas dentro del marco constitucional y democrático.
“La Presidencia Pro Tempore y la Secretaría General consideran fundamental que la actual coyuntura sea abordada mediante un diálogo político constructivo, amplio y pacífico, que permita generar consensos y preservar la estabilidad institucional, en pleno respeto del Estado de Derecho y de las autoridades democráticamente electas”, señala un comunicado del organismo.
La CAN hizo un llamado a todos los actores involucrados a actuar con “responsabilidad y prudencia” para superar la coyuntura social, en la que al menos nueve organizaciones sociales se manifiestan con marchas y bloqueos contra el gobierno de Rodrigo Paz y exigen su renuncia.
El organismo manifestó su preocupación por los hechos que generan “perturbaciones en el normal desenvolvimiento de la vida institucional y en la provisión de servicios esenciales en Bolivia”, en referencia a los costos sociales de los bloqueos de caminos que tienen cercada La Paz desde hace 16 días: desabastecimiento de alimentos, suspensión parcial de actividades escolares, irregularidades en el transporte público y otros servicios como el recojo de basura.
“La Presidencia Pro Tempore y la Secretaría General de la Comunidad Andina subrayan la importancia del diálogo, la convivencia pacífica, así como el respeto al orden constitucional, principios que sustentan los procesos democráticos en todos los países de la subregión andina”, finaliza el comunicado.
Bolivia atraviesa una sucesión de protestas que iniciaron hace más de un mes con reclamos sindicales que luego derivaron en pedidos de renuncia contra Paz, que asumió funciones hace seis meses. Los manifestantes lo acusan de no resolver los problemas del país y de gobernar en favor de los sectores privilegiados.
“El Gobierno se ha convertido en un representante de la oligarquía boliviana”, declaró David Mamani, representante de la Federación Campesina Túpac Katari, que inició los bloqueos y encabeza la movilización. “Ellos quieren gobernar para ellos, no para el sector popular que está desamparado”, afirmó y acusó al jefe de Estado de “pisotear” la Constitución Política del Estado con la emisión de decretos que considera inconstitucionales.
Desde el inicio del conflicto, las protestas se han extendido por el territorio. Lo que comenzó focalizado en el departamento de La Paz, hoy abarca siete de las nueve regiones del país. Este viernes, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 51 piquetes, la mayoría concentrados en la región del altiplano y en Cochabamba, al centro del país.
El gobierno de Paz descartó su renuncia y ha informado sobre reuniones con diferentes sectores para mitigar los focos de conflicto sin dar detalles sobre las negociaciones. El miércoles, el presidente prometió ajustes en su gabinete —pero desde entonces solo cambió al ministro de Trabajo— y la creación de un Consejo Económico y Social, que será una instancia consultiva y de diálogo con organizaciones sociales.
“Con aquellos que respetan la democracia, siempre las puertas estarán abiertas”, manifestó Paz en una conferencia de prensa y descartó acercamientos con los sectores que protagonizaron actos de violencia el lunes en La Paz cuando hubo enfrentamientos con la Policía, ataques a oficinas públicas y estaciones del transporte público, además de agresiones físicas a civiles.
El pronunciamiento de la CAN se suma a otros de la comunidad internacional sobre la situación en Bolivia. Anteriormente expresaron su respaldo al gobierno y al orden democrático ocho países latinoamericanos, la Unión Europea, Estados Unidos, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los más de 30 expresidentes de América y España que conforman el Grupo Idea.
