El diputado Esteban Paulón y el Gobierno nacional, a través de Libertad Avanza, impulsan iniciativas legislativas que buscan eliminar una norma de 1974 que establece el padrinazgo presidencial del séptimo hijo.
El diputado de la oposición Esteban Paulón y el oficialismo de Libertad Avanza presentaron por separado proyectos legislativos con un mismo objetivo: derogar la denominada “Ley del Lobizón”, sancionada en 1974. Esta norma establece que el Presidente de la Nación se convierte en padrino del séptimo hijo, varón o mujer, de un matrimonio.
Según información publicada, Paulón presentó su proyecto por primera vez en septiembre de 2024. Al no ser tratado en el Congreso, decidió reintroducirlo. Por su parte, Libertad Avanza incluyó la derogación dentro de su “Ley de derogación de legislación obsoleta”, presentada inicialmente en octubre de 2024 y vuelta a presentar el 25 de marzo de este año.
La ley tiene su origen en una tradición que se remonta a 1907, cuando el presidente José Figueroa Alcorta accedió a ser padrino del séptimo hijo varón de una pareja de inmigrantes alemanes, invocando un ritual de la época de la zarina Catalina “La Grande”. La creencia popular sostenía que este padrinazgo ofrecía “protección mágica” contra la idea de que el séptimo varón se convertiría en lobizón y la séptima mujer en bruja.
La norma fue formalizada por decreto durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón y luego convertida en ley bajo la presidencia de Isabel Perón, garantizando educación gratuita desde el nivel primario hasta el universitario para los apadrinados. En 2009, un decreto de Cristina Kirchner eliminó el requisito de que los hijos fueran consecutivos para acceder al beneficio.
En sus fundamentos, el diputado Paulón argumentó que la ley “casi no tiene efecto práctico” en la actualidad y tiene pocos beneficiarios. Aseguró que, de aprobarse su proyecto, se mantendrían los beneficios para quienes ya los perciben, pero se extinguiría la norma para nuevos casos.
El proyecto oficialista coincide en considerar la ley como “obsoleta”, señalando que la educación pública gratuita ya es un beneficio general en el país y que, en caso de necesidad, el Estado brinda ayuda económica a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH). También se compromete a respetar los derechos adquiridos por los actuales beneficiarios.