El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la administración Trump encuentra obstáculos en la implementación de su política migratoria, según cifras oficiales y análisis del Congreso.
El plan de deportaciones impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante el segundo mandato de Donald Trump enfrenta restricciones que afectan su implementación. Según cifras oficiales, más de 675 mil personas sin estatus legal fueron deportadas de Estados Unidos en el primer año de gestión, por debajo del objetivo anual fijado de un millón de expulsiones. Otras 2,2 millones se autodeportaron, según los datos del organismo.
El DHS sostuvo que su estrategia priorizó la expulsión de personas con antecedentes penales. En operaciones recientes, como la ‘Operación Honor del Ángel’, se informó la detención de más de mil inmigrantes indocumentados con antecedentes en 14 días. Para ampliar su capacidad, el organismo incrementó su personal y firmó acuerdos con autoridades locales.
Un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado analizó el programa de traslados a terceros países, señalando que los costos asociados fueron elevados. En algunos casos, el gasto por migrante superó el millón de dólares. Se estima que el gasto total en estas operaciones hasta enero de 2026 superó los 40 millones de dólares, incluyendo transferencias a otros países para que acepten deportados.
Las políticas migratorias implementadas han sido objeto de demandas en tribunales federales. Algunas decisiones judiciales cuestionaron la legalidad de enviar migrantes a países distintos a los de origen sin procedimientos previos, ordenando garantizar instancias para que los afectados presenten objeciones.