El Ministerio Público Fiscal reformuló la acusación y sostiene que la madre y el padre actuaron con extrema violencia en un contexto de reiterados maltratos. El juez dispuso prisión domiciliaria para ella y prisión preventiva para él.
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El Ministerio Público Fiscal de Neuquén imputó por homicidio doblemente agravado a la madre y al padre de un bebé de 39 días que falleció en la localidad de Centenario. El fiscal Andrés Azar reformuló la acusación, que inicialmente solo incluía al hombre, y sostuvo que ambos progenitores actuaron con extrema violencia en un contexto de reiterados maltratos.
Según la imputación, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025 en la vivienda familiar del barrio Nueva España, donde la pareja convivía con otros dos hijos menores. El fiscal señaló que los acusados agredieron en forma reiterada al niño mediante golpes, sacudidas y compresiones.
“La autopsia determinó que la muerte se produjo por un traumatismo craneoencefálico grave y otro abdominal, compatibles con la aplicación de fuerza de alta intensidad”, explicó Azar. El bebé, nacido el 22 de julio de 2025, presentaba además lesiones de distinta data, lo que da cuenta de episodios previos de violencia. También se describió un cuadro de desatención grave, con falta de controles médicos, malnutrición y exposición a sustancias.
Respecto de la madre, el fiscal afirmó que participó en las agresiones y en la dinámica de violencia, tanto por acción como por omisión en su deber de protección. El contexto familiar, según la acusación, está atravesado por violencia ejercida por el padre, “con un esquema de control y coerción”, situación que -sumada al consumo problemático de sustancias y a condiciones de vulnerabilidad- “incide en su conducta, sin excluir su responsabilidad penal”.
Durante la audiencia, el fiscal informó sobre otra investigación en trámite por abuso sexual, que se originó a partir de informes forenses realizados en el marco de esta causa, pero respecto de otros niños del círculo cercano de los acusados.
Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Marco Lupica Cristó reformuló los cargos respecto del padre e incorporó la imputación contra la madre, fijando un plazo de cuatro meses para la investigación. Dispuso la prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la progenitora, al considerar acreditados riesgos de entorpecimiento de la investigación, y mantuvo la prisión preventiva para el padre.