A casi cuatro años de la irrupción de La Libertad Avanza y el triunfo de Javier Milei, la Unión Cívica Radical atraviesa una crisis de identidad y estructura que la obliga a reinventarse rumbo a las elecciones 2027. Golpeado por quiebres internos, fugas hacia el oficialismo y la pérdida de espacio electoral, intenta reorganizarse en los distritos. Los escenarios de Entre Ríos, Catamarca y Tucumán.
La llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada en 2023 alteró el mapa político argentino y fracturó a la coalición opositora que había desplazado al kirchnerismo en 2015. La UCR, histórica artífice de la alternancia democrática y pilar de Juntos por el Cambio, fue sacudida por migraciones hacia el nuevo espacio libertario que absorbió votos, dirigentes y legisladores del radicalismo en todo el país.
Desde entonces, el partido vive una tensión irresuelta: mientras una parte de su dirigencia —gobernadores y bloques legislativos— apuesta por una alianza pragmática con Milei, otra corriente referenciada en figuras como Martín Lousteau y Facundo Manes profundiza el enfrentamiento ideológico con LLA. Esta grieta define el principal desafío de la UCR: reconstruir una identidad propia sin quedar atrapada entre la sumisión al oficialismo y la irrelevancia opositora.
En Córdoba, en octubre de 2025, la UCR sufrió su peor elección legislativa nacional desde el regreso de la democracia en 1983. El diputado nacional Rodrigo de Loredo, uno de los radicales más afines a LLA, no pudo reelegir. El partido quedó por primera vez sin representación cordobesa en el Congreso, con el 3,23% de los votos y 62.847 sufragios. La UCR tiene en Córdoba cerca de 200.000 afiliados. En 1983, con Raúl Alfonsín, había conseguido 11 diputados nacionales y 773.659 votos. En esta ocasión, el radicalismo ponía en juego tres escaños —los de De Loredo, Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning— y no retuvo ninguno. La fractura interna en Córdoba también tuvo su rostro institucional: el presidente del Comité Provincial, Marcos Ferrer, aliado de De Loredo, evitó competir internamente con Ramón Mestre, crítico de su conducción.
En Entre Ríos, la crisis radical tiene rostro institucional. El Congreso Provincial de la UCR, convocado para el 6 de junio en Villaguay, fue suspendido a último momento por la Mesa del Congreso bajo el argumento de la “inexistencia de temas de urgente resolución que requieran tratamiento inmediato”. El único punto en agenda era acortar la duración de los mandatos partidarios para volver a elegir autoridades en años pares. Desde el sector crítico al gobernador Rogelio Frigerio, la suspensión se interpreta como una maniobra para garantizar que la UCR llegue a las elecciones provinciales de 2027 con una conducción leal al Ejecutivo. El grupo UCR Activa, alineado con Frigerio, propuso que las actuales autoridades completen su mandato hasta mayo de 2027 y luego se llame a elecciones para un período de un año. El Congreso quedó suspendido sin fecha definida.
En Catamarca, el radicalismo logró reunirse y aprobar una hoja de ruta. La Convención Provincial de mayo, con más del 80% de asistencia, cerró con un documento que apuntó a la gestión de Raúl Jalil y al gobierno de Javier Milei, a los que acusó de representar “más poder para unos pocos y menos futuro para la sociedad”. La dirigente Gilda Godoy confirmó que el partido irá a elecciones internas el 12 de julio para renovar autoridades. El presidente de la UCR catamarqueña, Luis Fadel, reelecto diputado provincial, reiteró la apuesta por posicionar al radicalismo como “una gran alternativa para la provincia de Catamarca” en 2027. En los últimos meses, la conducción partidaria impulsó procesos de desafiliación contra 40 dirigentes que fueron candidatos por otros partidos en las elecciones legislativas de octubre de 2025, la mayoría integrando listas de LLA. La convención también dejó en claro una línea roja frente a los exradicales que migraron hacia La Libertad Avanza.
En Tucumán, la UCR local lleva más de un año intervenida por la conducción nacional, con Hernán Rossi y Jorge “Colo” Rizzotti a cargo del distrito desde marzo de 2025. La intervención se extendió sin convocatoria a elecciones. La presión judicial de afiliados, entre ellos el legislador Agustín Romano Norri, obligó a la UCR nacional a anunciar la convocatoria a elecciones internas. Romano Norri celebró la medida y afirmó: “Queremos el cese de la intervención en el radicalismo y que dejen de esconder la pelota”. Por otro lado, José Cano, también legislador provincial y exdiputado nacional, minimizó el rol de la justicia y dijo que “esto es una decisión interna del partido”, aunque coincidió en que “sería lo ideal que el partido esté normalizado” de cara a 2027.