El 7 de junio de 2025, un menor de edad disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá. El político falleció el 11 de agosto tras permanecer internado. El caso reabrió la discusión sobre el uso de niños en actividades criminales y la falta de soluciones en Colombia.
El 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito, en Bogotá, un menor de edad efectuó varios disparos contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El político falleció el 11 de agosto de 2025, tras permanecer internado en la Clínica Santa Fe. El menor confesó haber creído que recibiría un pago millonario por el crimen, y posteriormente fue protegido por las autoridades para evitar un linchamiento.
En Colombia, los menores de edad no reciben condenas penales tradicionales. En este caso, el joven fue sancionado con siete años de internamiento, dentro de un protocolo de reintegración social. El sistema judicial lo considera una víctima del conflicto interno.
La investigación determinó que Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, había utilizado a otros menores para cometer delitos, bajo la premisa de que quedarían libres en poco tiempo. Este método no es nuevo en Colombia: durante la guerra contra el Estado, el cartel de Medellín empleó a jóvenes de estratos bajos, conocidos como “suizos”, para realizar misiones letales a cambio de beneficios económicos para sus familias.
En la historia reciente del país, menores o jóvenes de hasta 20 años estuvieron involucrados en los asesinatos de Rodrigo Lara Bonilla, Carlos Pizarro y en la explosión del vuelo 203 de Avianca. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), más de 18.000 menores fueron reclutados por la guerrilla para combatir contra las Fuerzas Militares.
Un año después del atentado, la sociedad colombiana continúa debatiendo sobre las sanciones para menores que cometen delitos graves. Mientras tanto, en Guaviare, un combate entre disidencias de “Iván Mordisco” y “Calarcá” dejó 11 menores muertos. La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones han rechazado el uso de niños en la guerra. El Ministerio de Defensa informó que aproximadamente el 37% de los combatientes de las disidencias son niños.
La Segunda Marquetalia, dirigida por “Iván Márquez”, es una de las estructuras que retomó las armas tras la firma del acuerdo de paz. Desde esa organización se cree que partió la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay.