Una comitiva integrada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y los jueces federales Ariel Lijo y Sebastián Casanello viajará a París entre el 15 y el 19 de junio para presentar ante el Grupo de Acción Financiera Internacional los avances de Argentina en materia de prevención del lavado de activos.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, viajará la semana próxima a París con una comitiva integrada, entre otros, por el juez federal Ariel Lijo, para defender ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) las políticas de Estado de la Argentina en materia de lavado de dinero.
El viaje tendrá lugar entre el 15 y el 19 de junio. También se trasladarán a París el juez federal Sebastián Casanello y el titular de la Dajudeco, Tomás Rodríguez Ponte, especializado en peritajes de casos complejos, que trabajó muchos años con Lijo.
La delegación de jueces y del funcionario que depende de la Corte irá en representación del Poder Judicial para explicar los avances de las causas por lavado de dinero, como parte de la política de Estado de la Argentina.
El GAFI es un organismo internacional que evalúa anualmente las políticas argentinas en materia de lavado. En esta ocasión, la delegación rendirá cuentas sobre los avances.
Además participarán de la delegación el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez; el coordinador nacional antilavado Agustín Flah; un especialista internacional en políticas contra el lavado de dinero; funcionarios del Banco Central y de ARCA, entre otros.
Integrantes de la comitiva consultados explicaron que es una misión técnica, donde la Argentina va a exponer sus avances en esta política de Estado y vincular el viaje con asuntos políticos domésticos es “desacertado y erróneo”. Indicaron que los jueces viajan comisionados por la Corte y que expondrán los avances de sus causas.
Esta semana Mahiques presidió la reunión del Comité de Coordinación contra el Lavado de Activos del Gobierno para preparar este viaje. La agenda abordó el estado de avance de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, proceso en curso desde 2025 que se organiza en torno a cinco mesas de trabajo temáticas.
Los organismos participantes informaron sobre la producción de información en cada área y se acordó un cronograma para las próximas reuniones. Cada mesa analiza una dimensión específica: amenazas y tipologías delictivas; vulnerabilidades generales, con foco en economía informal, control fronterizo, corrupción y personas jurídicas; vulnerabilidades del sector financiero y no financiero; el ciclo de inteligencia financiera; y aspectos específicos del financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas.
El objetivo es que el Estado cuente con un diagnóstico actualizado que oriente las políticas públicas de prevención y combate en cada área. Asimismo, se evaluó el estado de situación del segundo informe de seguimiento intensificado ante el GAFI, que Argentina deberá presentar en diciembre de 2026.
El primer informe, presentado en diciembre de 2025, fue aprobado por el pleno del organismo en febrero de 2026, que tomó nota de los avances del país y lo instó a continuar con las medidas orientadas a corregir las deficiencias identificadas durante la evaluación mutua de octubre de 2024.
Tras la evaluación mutua de 2024, Argentina quedó bajo un régimen de seguimiento intensificado que implica reportar anualmente sus avances. El país tiene un plazo de tres años para demostrar mejoras sustanciales, por lo que las reuniones del Comité y la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos son parte central de ese proceso.
Del encuentro con Mahiques participaron el pasado miércoles los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, y de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva; el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate; los subsecretarios de Política Criminal, Emiliano Méndez Ortiz y de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, Gonzalo Estevez; y representantes del Banco Central de la República Argentina, la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Seguridad, la Cancillería, el Ministerio Público Fiscal, el Inaes y ARCA, entre otros organismos del Estado con competencia en la materia.